Como previamente discutido, la regulación bancaria actual establece el funcionamiento de diferentes tipos de entidades, clasificadas en: Bancos Múltiples, Entidades de Crédito, Asociaciones de Ahorros y Préstamos y Cooperativas de Ahorro y Crédito. Con los últimos cambios legislativos, se liberalizan los servicios bancarios al otorgar un trato igualitario a las entidades extranjeras de intermediación financiera, estableciendo los parámetros para reglamentar su admisión. Asimismo, se autoriza a los bancos extranjeros no domiciliados en el país a establecer oficinas de representación en el territorio nacional de conformidad con los reglamentos vigentes.

El establecimiento de entidades de intermediación financiera está sujeto a la aprobación de la Junta Monetaria, previa opinión de la Superintendencia de Bancos.

Con relación a las normas prudenciales, las mismas toman en cuenta las modernas tendencias internacionales. Para promover la estabilidad y la seguridad del sistema, nuestra legislación se rige por los principios establecidos en los Acuerdos de Basilea I y II, el cual cuenta con un estricto cumplimiento y una estrecha supervisión por parte de las autoridades financieras y monetarias.  

La ley reafirma la obligación de mantener en el Banco Central reservas de liquidez bajo el sistema de encaje legal, establece normas de imperativo cumplimiento con el objeto de facilitar la supervisión de las entidades financieras, dispone de estrictos requisitos de gobernabilidad  y establece un modelo de supervisión preventiva, basado en un esquema de seguimiento permanente de las condiciones de liquidez y solvencia que se conciben como mínimas, para así evitar la insolvencia regulatoria.

El enfoque preventivo de la ley es especialmente claro en el sistema regulatorio creado para enfrentar las dificultades financieras que puedan surgir en las entidades bancarias. El Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las entidades de Intermediación Financiera, es un fondo para la canalización de recursos públicos y privados para proteger los depósitos y evitar un riesgo sistémico que afecte la capacidad del sistema financiero en su conjunto.

Adicionalmente, se establecen claramente las reglas de ponderación, los tipos de infracción y las correspondientes sanciones, así como las especialidades del proceso sancionador. Tanto la entidad como sus administradores, así como las sociedades vinculadas, pueden incurrir en responsabilidad administrativa y estar sujetos a las sanciones previstas en la ley. Asimismo, se tipifican delitos penales para la comisión de determinadas infracciones.

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