Con la promulgación de dos leyes sobre contratación pública en el 2006, uno de los principales mercados del país quedó abierto al público general, incluyendo a las firmas extranjeras.
Bajo la Dirección General de Contrataciones Públicas, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, el proceso de contrataciones públicas tanto para la venta de bienes o servicios, como para las construcciones, se rige por los principios de eficiencia, libre competencia, igualdad y transparencia. Abarca todas las entidades públicas, ya sean centrales, descentralizadas o autónomas, financieras o no financieras regionales. La única restricción impuesta a las compañías extranjeras es su deber de asociarse con un socio dominicano que posea al menos el 30% del capital y con un 50% de mano de obra dominicana. Para los países signatarios del DR-CAFTA, esta limitación aplica solamente para las construcciones.

Para participar en un proceso de licitación, todo contendor debe registrarse como proveedor del Estado, y los concursos tendrán diversos niveles de apertura dependiendo de los montos involucrados en los mismos. Igualmente, no serán abiertos al público los contratos financiados por préstamos o donaciones internacionales, contratos ínfimos, contratos declarados de urgencia, contratos entre entidades gubernamentales, asuntos que puedan poner en riesgo la seguridad nacional y aquellos que tengan el objetivo de beneficiar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME)

 

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